PROPOSICIÓN que presenta Salvador Arpa de la Fuente, Portavoz del Grupo Provincial Toma la Palabra, al amparo de lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, al Pleno corporativo a celebrar el día 15 de julio de 2016 PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.
Miles de hombres y mujeres sufrieron persecución, violencia y muerte durante la Guerra Civil y la dictadura por razones políticas e ideológicas y, aún hoy, a punto de cumplirse el ochenta aniversario del cruento golpe de estado, muchas de estas personas, familiares y amigos, luchan por el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar.
Ochenta años después, todavía hay muchos familiares que ignoran el paradero de sus seres queridos; se estima que en España hay más de 100.000 personas desaparecidas en 2052 fosas comunes, de las cuales todavía hay 1821 sin abrir. Se calcula que hay 171 fosas en Castilla y León de las que se ha intervenido en 152. En Valladolid solamente doce han sido las fosas recuperadas, motivo por el que se sigue reivindicando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados las tareas de localización y, si procede, identificación de los desaparecidos.
Y todo esto a pesar de que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la llamada Ley de Memoria Histórica, prevé distintas obligaciones para las administraciones públicas; obligaciones entre las que destaca la que se refiere a la localización de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y el franquismo, para lo que establece que las administraciones públicas competentes facilitarán la indagación, la localización y la identificación de los desaparecidos, elaborarán y pondrán a disposición de los interesados mapas de fosas, preservarán y protegerán los terrenos donde se localizan las fosas comunes, y regularán las actividades de localización e identificación de los restos humanos. Esta regulación incluirá la autorización de prospecciones, la regulación del acceso a terrenos que sean de titularidad privada, el establecimiento del procedimiento y de las condiciones para recuperar, identificar y trasladar restos y, asimismo, la autorización de las exhumaciones que se practiquen.
En Castilla y León no ha habido un desarrollo normativo en ningún aspecto de la Ley 52/2007. Este hecho ha supuesto la indefensión de numerosos familiares de desaparecidos y de las asociaciones que las representan porque, excepto en contados casos, las instituciones autonómicas y locales no han asumido su obligación de facilitar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, agravando la problemática existente, tanto a la hora de indagar donde están los desaparecidos, como en todo el proceso de intervención de una fosa común donde se encuentran restos humanos: restos de personas con signos de muerte violenta hace ochenta años, enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados en cementerios o cerca de ellos, pero también lanzadas a cunetas, pozos y simas.
A pesar de este vacío jurídico, las asociaciones memorialistas han realizado en los últimos años esta tarea de forma voluntaria y comprometida. Han investigado, localizado y coordinado con los familiares afectados, han solicitado actuaciones conforme a la Ley, han acudido a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas e, incluso, han invocado a la jurisdicción universal. Lo han hecho con rigor, con la colaboración ocasional de contadas administraciones públicas, y siempre a partir de una estrecha relación con las familias de las personas desaparecidas.
A nuestro entender, a toda esta tarea tiene que darse una respuesta pública, tiene que haber una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, se comprometa a investigar quién hay en ellas, a poner todos los medios posibles a disposición de esta investigación y a dar una explicación a los familiares interesados en una exhumación cuando ésta no se pueda realizar porque no es viable, y proceder a otra vía de reparación como es la protección y la identificación de la fosa. Todas las fosas tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas, protegidas y preservadas.
Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos.
En base a estas obligaciones, el Ayuntamiento de Valladolid ha suscrito un Convenio con la ARMH de Valladolid para continuar con los trabajos de exhumaciones en el Cementerio del Carmen, convenio que ha permitido recuperar 23 cuerpos por el momento y localizar otros 18. Por lo que nos parece adecuado llevar esta práctica al resto de la provincia, pues aún quedan lugares donde existen enterramientos ilegales.
Es necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia en materia de desapariciones forzadas. La urgencia y la celeridad son esenciales por la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron con vida por última vez a sus seres queridos.
El objetivo de esta proposición es dar un paso más en el reconocimiento y la memoria de los que sufrieron violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas, y fueron víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de forma que se avance en la reconciliación, la concordia y la justicia, en el respeto al pluralismo y en la defensa pacífica de las ideas.
En base a lo expuesto, desde el Grupo Provincial Toma la Palabra presentamos la siguiente proposición:
1.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A:
- Que desarrolle una Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID SE COMPROMETE A:
Colaborar con las asociaciones memorialistas de la provincia y resto de administraciones públicas a:
- Elaborar un censo de las personas desaparecidas y sus familiares.
- Elaborar un mapa de las zonas donde se localicen o se presuma la existencia de fosas comunes o enterramientos clandestinos de la guerra y el franquismo.
- Actuar e intervenir sobre los terrenos donde se prevea la existencia de fosas, con el objetivo de buscar e identificar los restos de personas desaparecidas utilizando para ello todos los medios técnicos que sean precisos.
- Una vez localizadas las fosas se procederá a su señalización y preservación.
- Mientras sea preciso, se dotará anualmente de una cantidad económica en los presupuestos de la institución para el buen desarrollo de esta tarea.
- Realizar un homenaje a las víctimas y las familias de las personas desaparecidas por estas causas.
Valladolid, 12 de julio de 2016.