«La vivienda rural aún está muy lejos de ser una cuestión prioritaria para el equipo de gobierno», dice la portavoz de la plataforma en la institución provincial, Virginia Hernández, que insiste en que «se debe incluir en estas y otras convocatorias el criterio geográfico y de dispersión poblacional para que no se queden en municipios que forman parte de la trama urbana de Valladolid capital, muy alejados de la realidad del medio rural»
24/07/2020.- Los diferentes grupos presentes en la Diputación de Valladolid han abordado hoy viernes en la Junta de Gobierno previa al pleno ordinario de julio, entre otras cuestiones, las convocatorias de subvenciones vinculadas al alquiler, compra, construcción o rehabilitación de viviendas, a las que Toma la Palabra ha votado favorablemente, aunque con algunos matices. Así, señala la portavoz de la plataforma, Virginia Hernández, que «es poco el dinero de la partida presupuestaria total y, por tanto, poco el dinero que llega a cada persona beneficiaria de cada una de las ayudas». «Son necesarias cuantías más generosas, porque, tal y como están planteadas las convocatorias, cada beneficiario/-a puede disponer de un máximo de 1.800 euros, en la mayoría de los casos, una cantidad excesivamente escasa si hablamos de comprar una vivienda o rehabilitar una en mal estado», explica.
Si bien la plataforma valora de forma positiva que la administración provincial haya incluido en estas convocatorias el número de habitantes de los municipios, Hernández insiste en que «en estas y otras subvenciones, la Diputación tiene que empezar a incluir criterio geográfico y de dispersión poblacional». «Si no, al final estas ayudas se quedan en municipios de menos de 20.000 habitantes pero que forman parte de la trama urbana de Valladolid capital y están muy alejados de la realidad del medio rural, que es donde realmente hacen falta estas subvenciones», añade.
Hernández subraya también que, en el caso de las ayudas destinadas a jóvenes de entre 18 y 36 años, «aunque se han aprobado 370.000 euros, tan solo hay asegurados 100.000 euros, ya que el resto depende de que se vendan varias parcelas en Villa del Prado». «Esta situación evidencia que, aunque parece que, poco a poco, se van centrando, la vivienda rural aún está muy lejos de ser una cuestión prioritaria para el equipo de gobierno», comenta Hernández.
En lo relativo a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas, Hernández indica que «deberían incluirse también las segundas, porque, en ocasiones, su deterioro perjudica también a las primeras: si lo que queremos es embellecer nuestros pueblos con el objetivo de atraer y fijar población, tenemos que ocuparnos de todas, porque por todas se pagan impuestos». Desde Toma la Palabra apuntan, además, que las subvenciones dirigidas a financiar el seguro de daños e impago de renta de viviendas destinadas al alquiler son «un Proyecto Arraigo encubierto, aunque no lo reconozcan desde el equipo de gobierno». La plataforma presentó en abril de 2018 una moción, aprobada en el pleno, para la puesta en marcha en la provincia de Valladolid de esta iniciativa, encaminada a frenar la despoblación a través del fomento del alquiler de viviendas rurales. Se trata de aprovechar el arraigo, de ahí su nombre, que se genera entre las personas que, desde el medio urbano, recalan en los pueblos en períodos de ocio o vacaciones, así como el vínculo que crean con vecinos/-as de la zona.