Discriminar a los deportistas de otras nacionalidades empadronados en la provincia es contrario a la ley 4/2020 sobre derechos y libertades de extranjeros en España
La Comisión Informativa de Seguimiento de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid aprobó ayer las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a deportistas destacados en la convocatoria del año 2023. En dicha convocatoria se establece la obligatoriedad de tener la nacionalidad española para recibir la subvención. De este modo se excluye por su nacionalidad a un gran número de personas que residen legalmente en los pueblos de nuestra provincia.
En la provincia de Valladolid viven, según datos del INE, 28.878 personas de otras nacionalidades que quedan así excluidos de forma discriminatoria y arbitraria de esta subvención. La provincia de Valladolid es y debe seguir siendo una tierra de acogida para todas aquellas personas que contribuyen a mantener vivos nuestros pueblos. La despoblación es un fantasma que recorre nuestra tierra y no podemos combatirlo sin integrar y acoger a todas aquellas personas que viven en nuestros pueblos independientemente de su nacionalidad.
La mayoría de los deportistas que reciben esta subvención, 96 en la convocatoria de 2022, son personas jóvenes que habitan en los pueblos de nuestra provincia y que practican disciplinas como atletismo, rugby, natación y baloncesto, entre otras.
Como indica el artículo 3 de la ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España “Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución (…) se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.” Además, en el artículo 23 de la ley anteriormente mencionada, vienen recogidos los actos discriminatorios que denunciamos en esta nota: “Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.”
En palabras de Marcos Díez, portavoz del Grupo Provincia Toma la Palabra en la Diputación: “Es intolerable el racismo institucional que desprende esta subvención» y ha añadido que «es indispensable modificar las bases de la subvención para incluir a todas las personas que viven en los municipios de la provincia. Por ello, seguiremos batallando para revertir esta situación en el próximo pleno provincial el 27 de enero.” No podemos olvidar que todas estas personas tienen las mismas obligaciones que cualquier ciudadano, incluido el pago de impuestos, y, por tanto, no pueden ver limitados sus derechos.