En el auto emitido ayer martes se recoge que queda «extinguida» la responsabilidad criminal en la adjudicación irregular del proyecto por parte de SODEVA a Corsán – Corviam por haber prescrito ya el delito.
«Es inaceptable que el PP defina como “algún error administrativo” los delitos enjuiciados, cuando el auto de sobreseimiento provisional de la causa recoge que existen indicios de prevaricación», dice Virginia Hernández, portavoz de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid.
09/06/2021.- «El juez no dice que no haya habido delito de prevaricación continuada, sino que ha prescrito», remarca la portavoz de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, Virginia Hernández, después de que se haya sobreseído de forma provisional el caso Meseta Ski, en el que la plataforma se presentaba como acusación popular junto a Ecologistas en Acción. Así, en el auto emitido ayer se recoge que queda «extinguida» la responsabilidad criminal, al haber prescrito el delito, en la adjudicación irregular en 2006 por parte de SODEVA (sociedad encargada de la gestión del proyecto de pista de esquí seco en la pedanía de Villavieja del Cerro, en Tordesillas) y de su entonces presidente, Alfonso Centeno, para beneficiar al grupo empresarial Corsán – Corviam, pero matiza que hay «indicios que apuntan a la ilegalidad del procedimiento para la adjudicación del proyecto».
«Son hechos de extrema gravedad, así que no comprendemos la alegría del PP por este sobreseimiento provisional», señala la portavoz de Toma la Palabra en relación a las declaraciones vertidas a medios de comunicación por Centeno y por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar. «Se presentan como víctimas en todo este proceso, acusándonos a quienes hemos denunciado este caso de “hacer daño al mundo rural” y obviando que es su partido el que ha despilfarrado 12 millones de € de los vecinos y vecinas de la provincia de Valladolid», apunta Hernández. «Es inaceptable que Íscar defina como “algún error administrativo” los delitos enjuiciados, cuando en el auto se recoge que Centeno “decidió adjudicar, por razón no aclarada, la ejecución del proyecto a la constructora Corsán – Corviám, evitando los controles que imponía la Ley de Contratos de la administración vigente a la fecha de la oferta y mediante una acción consensuada con los dirigentes de la empresa adjudicataria”», añade Hernández.
Entre los indicios de un delito de prevaricación continuada que se recogen en el auto figuran la existencia de contactos previos a la adjudicación del proyecto entre el personal de la constructora y los investigados; la elaboración de un pliego abierto y genérico sin ningún estudio previo, estando ya en contacto con la empresa; la elusión de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad de la oferta pública para poder acometer otro proyecto distinto al aprobado, y el inicio de las obras del nuevo proyecto antes de que fuesen aprobadas por el consejo de SODEVA. «Esta nefasta gestión llevó a que un presupuesto inicial de 4.060.000 € terminase por alcanzar 12.000.000 €», recuerda Hernández, que avanza que Toma la Palabra se reunirá en las próximas horas con Ecologistas en Acción «para analizar la decisión del juez, que, por otro lado, no ve delitos de malversación y falsedad documental, y plantear cuáles serán los siguientes pasos que daremos».