PROPOSICIÓN PARA ELABORAR UN INVENTARIO DE LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA CATÓLICA EN LA PROVINCIA.
En 1998 el entonces Gobierno del Partido Popular, modificó el Reglamento Hipotecario que permitió la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública y por tratarse de bienes fuera del comercio.
Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los mismos, la Iglesia Católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales en un Estado aconfesional, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin necesidad de aportar título de dominio. El segundo artículo equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito.
A través de este procedimiento irregular se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes en España de toda índole (unos 40.000 en palabras de la propia Conferencia Episcopal). Normas a todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por haberlo permitido.
Consta fehacientemente la inmatriculación de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998), como por no haber sido poseídos nunca por la jerarquía católica (solares, viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones, locales comerciales o plazas públicas), ni, en todo caso, haber documentado de forma fehaciente su propiedad.
El Arzobispado de Valladolid registró en 2007, 19 de los templos más relevantes de la capital, incluida la Catedral.
Quede claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, ya que muchos de ellos han sido construidos por el pueblo de turno y después restaurados o rehabilitados con dinero público, y de eso sabemos mucho en esta casa. Por ello en inmensa mayoría de los mismos, pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial.
La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el Estado, provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado y evitar de esta forma un posible recurso de inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica durante todo su periodo de vigencia.
El actual Gobierno del Estado a través del Ministerio de Justicia ha iniciado la elaboración de un listado de propiedades de la Iglesia Católica que hayan sido inmatriculados, con el fin de poder conocer la magnitud real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública.
Apenas conocemos una mínima parte del patrimonio privatizado mediante este procedimiento en todo el estado y prácticamente nulo es el conocimiento que sobre ello tenemos en nuestra provincia.
Por eso, desde el Grupo Provincial Toma la Palabra presentamos la siguiente proposición:
- La Diputación de Valladolid elaborará un inventario con todos aquellos bienes que desde 1946 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. Para ello solicitará al Registro de la Propiedad de Valladolid (a través de “nota simple”) el listado completo de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, pese a carecer de título expreso de propiedad sobre los mismos.
- La Diputación de Valladolid solicitará la colaboración de los Ayuntamientos de la provincia. Igualmente solicitará la colaboración del Arzobispado de Valladolid para recabar la información necesaria sobre las inmatriculaciones que se hayan realizado por su parte en nuestra Provincia
- De este acuerdo y, en su momento, de la información que se obtenga se dará traslado al Ministerio de Justicia y a la Coordinadora RECUPERANDO.