Reclaman a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid que dote al centro de «los mismos recursos humanos y materiales con que cuenta un colegio de Educación Especial urbano», pues lo contrario supone «un atropello a los derechos de las personas con discapacidad que viven en el medio rural».
14/03/2022.- «Es otro ejemplo más de que vivir en el medio rural es motivo de desventaja con respecto al entorno urbano, en este caso, por una educación pública falta de recursos». Son palabras de Marcos Díez, portavoz de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, ante la situación en que se encuentra el alumnado con necesidades especiales del CEIP Pedro I de Tordesillas. «Tal y como nos han trasladado padres y madres de estos alumnos y alumnas, las carencias en el servicio se traducen en un deterioro en la atención a los menores, que lleva, por ejemplo, a episodios de atragantamiento en el comedor escolar o a que la higiene pase a un segundo plano», comenta Díez.
Las familias reclaman «la dotación de más personal para atender correctamente a este alumnado», en concreto, diplomados universitarios en Enfermería y auxiliares técnicos educativos. Asimismo, piden a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid «la instalación de un aula de aislamiento, frecuente en centros de Educación Especial para calmar a los menores» en situaciones de estrés. Solicitan también que «se dote al centro de una ducha adaptada dentro del aula o donde pueda ubicarse». En caso de que no pueda darse respuesta a estas peticiones, solicitan «la escolarización de los alumnos y alumnas con necesidades especiales en un centro de Educación Especial de Valladolid capital con las dotaciones oportunas y el personal necesario para asistirles, siempre y cuando se facilite de forma gratuita el transporte escolar del menor desde su municipio de residencia hasta el centro correspondiente en Valladolid».
Alumnos y alumnas con necesidades especiales de pueblos del entorno de Tordesillas acuden al Aula Sustitutiva de Educación Especial del CEIP Pedro I por ser la que le corresponde por cercanía. Es el caso de Fabio, menor vecino del municipio de San Pelayo y considerado como gran dependiente al presentar una discapacidad del 93% y movilidad reducida. Sus padres, Elisa Cerrillo y Manuel Calvo, apuntan que «según la dirección del colegio, se ha solicitado en numerosas ocasiones la dotación de más personal, pero la respuesta ha sido siempre que por ratio no procede». En este sentido, critican que desde la administración se les haya «sugerido» que, ante la falta de más personal al centro, empleen parte de su prestación por dependencia a «la contratación de un técnico que trabaje de forma personal con Fabio dentro del aula». «Nos parece un atropello a los derechos de las personas con discapacidad que viven en el medio rural», reprenden, antes de añadir: «Siendo un colegio público con un aula sustitutiva que da servicio a zonas rurales, creemos que debe estar dotado de los mismos recursos humanos y materiales con que cuenta un colegio de Educación Especial urbano».
«En alguna ocasión, Fabio ha llegado a casa con moratones y arañazos porque se autolesiona, según se nos dice, en situaciones de agitación», explican. «¿No se puede habilitar un aula de contención o relajación donde los menores no se hagan daño a sí mismos ni se lo hagan a los demás cuando se encuentran en esos estados?», plantean. «El equipo humano del centro es insuficiente y, por eso, es incapaz de prever estas situaciones y de controlarlas una vez se han desencadenado», lamentan los padres de Fabio, que insisten: «Si, como su nombre indica, el aula sustitutiva del CEIP Pedro I de Tordesillas sustituye en el ámbito rural a un colegio de Educación Especial, la Dirección Provincial de Educación debe ocuparse de que tenga los recursos pertinentes, porque no hacerlo significa que nuestros hijos e hijas deben renunciar a sus derechos como dependientes y a su derecho a una educación pública de calidad».