Un año más, nos enfrentamos a una situación trágica debida a los incendios forestales. Cada año, crece la proporción de Grandes Incendios Forestales (GIF), aquellos que afectan a más de 500 hectáreas, y aumenta la proporción de grandes incendios respecto al total. Unos incendios extremadamente peligrosos y difíciles de apagar que suponen un riesgo extremo tanto para los ecosistemas como para la población.
Durante 2022, a fecha de 16 de junio, se habían producido 30 GIF en España, 12 de ellos (es decir, el 40%) en Castilla y León. A pesar de incendios como los de Hermisende (Zamora) y Candelario (Salamanca) o el que devastó la Sierra de la Culebra en plena ola de calor anunciada con antelación, la Junta de Castilla y León se negó a declarar época de peligro alto y a poner al Operativo de Extinción de Incendios al 100%. Pero lo peor estaba por llegar ante la pasividad de la Junta.
Se han producido nuevos incendios en Quintanilla del Coco, en Burgos; San Juan de la Nava y Cebreros, en Ávila, y Losacio, en Zamora, entre otros. Este último se ha convertido en el mayor incendio de la historia de España, con más de 36.000 hectáreas calcinadas (y subiendo).
No cabe duda de que el problema de los incendios forestales en Castilla y León es cada vez más grave. Europa, y en particular la región mediterránea, se está recalentando más rápido que cualquier otro continente. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) advierte de que los ecosistemas mediterráneos (la mayor parte de Castilla y León se encuentra en la Región Biogeográfica Mediterránea) están entre los más vulnerables del mundo. El cambio climático está acelerando la presencia de grandes incendios.
El de 2022 ha sido el junio más caliente registrado, con una temperatura media de 1,6ºC por encima de la media, según el sistema de observación por satélite europeo Copernicus. El aumento esperado de temperatura durante este siglo hará que, con toda seguridad, los episodios climáticos extremos en la región vayan a peor: sequías más acusadas y olas de calor más largas e intensas, que llevan a la vegetación a un estado de estrés hídrico y a que esté lista para arder.
Además del cambio climático, hay otras causas que explican el aumento de los incendios y su dificultad para ser extinguidos. El abandono de los usos tradicionales de los bosques, pastos y cultivos a raíz del fuerte proceso de despoblación experimentado en nuestra tierra ha provocado la pérdida del paisaje en mosaico y el aumento de la superficie cubierta con matorrales y bosques jóvenes. Esto provoca un aumento de la cantidad de biomasa disponible e inflamable, que genera incendios más intensos y peligrosos.
Todo ello, unido a la reforestación realizada en las últimas décadas del siglo XX, con amplias masas forestales de una única especie, carentes de una adecuada gestión forestal para su adaptación al cambio climático y con una baja prevención de riesgos, hace que muchos de nuestros montes sean auténticas bombas de relojería para los incendios.
Tampoco ayuda el aumento de la interfaz urbano-forestal y de los usos recreativos del monte, al incrementar el riesgo de incendio y de que lleguen a las zonas habitadas. Asimismo, el cese del pastoreo, la extracción de leñas o el cultivo de pequeñas huertas han borrado el paisaje en mosaico que protegía los pueblos en caso de incendio.
A todo esto, hay que sumar la inexistencia de verdaderos operativos de prevención. Tenemos excelentes profesionales apagando incendios, pero maltratados por la administración de la Junta de Castilla y León en sus condiciones laborales. Según datos de CCOO, la media de interinidad del personal propio de la Junta ronda el 50%, un 76% entre los fijos discontinuos y un 30% de vacantes en el colectivo de agentes medioambientales. Aún más precarias son las condiciones de las cuadrillas de tierra, donde las bajas en las licitaciones se cargan en las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras, con sueldos ínfimos y explotación laboral (con trabajos de solo tres meses, es muy difícil arraigar a la gente en las zonas rurales).
Es necesario dedicar mucho más presupuesto a las labores de prevención, menos mediáticas pero que fijan población y empleo en el sector forestal. Para ello, hay que desarrollar un operativo de gestión y titularidad pública centrado en la prevención de incendios forestales que trabaje todo el año y en el que el 100% del personal tenga unas condiciones laborales justas. También es necesario que la Junta de Castilla y León facilite la aprobación del Estatuto Básico del Bombero/a Forestal que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados.
La ampliación del operativo contra incendios anunciada por la Junta de Castilla y León la semana pasada resulta, además de insuficiente, contradictoria con las medidas anunciadas por el vicepresidente de dicha administración respecto a la profesionalización y la no temporalidad del sistema de prevención de incendios.
Resulta imprescindible corregir el abandono rural, recuperar la ganadería extensiva (que es dinamizadora del medio rural y previene los incendios), favorecer el desarrollo de bosques mixto, realizar actuaciones de gestión forestal sostenible y recuperar los paisajes en mosaico, que actúan como cortafuegos productivos frente a los incendios forestales.
En resumen, es necesario adecuar la ordenación del uso del territorio, recuperar los sistemas agrarios y pastoriles, que fijan población además de prevenir incendios, y concienciar sobre la necesidad de esa prevención. Una anticipación que va a ser clave en un contexto de cambio climático en el que se producen grandes incendios e incendios de sexta generación muy difíciles de apagar.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos a la Diputación de Valladolid:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Castilla y León a que implemente un servicio de prevención y extinción de incendios de titularidad y gestión pública que opere todo el año y centrado en la prevención profesional de los incendios, para poder dar una respuesta rápida a las situaciones de emergencia que se puedan producir.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Castilla y León a reconocer la categoría de Bombero/a Forestal, respetando unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras de todo el operativo contra incendios, con especial atención a su manutención durante los trabajos de extinción.
TERCERO.- Instar a la Junta de Castilla y León para que actualice, de forma inmediata, el INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León), que lleva sin actualizarse desde 1999 y está completamente obsoleto.
CUARTO.- Instar a la Junta de Castilla y León a que realice planes de prevención activa de la masa forestal con profesionales que incluyan:
- Planes de restauración y recuperación de la superficie agraria y forestal afectada por incendios.
- Ordenación forestal destinada a hacer masas forestales más abiertas, heterogéneas, diversas y que contengan menor carga de combustible (biomasa), para evitar su continuidad incontrolada.
- Promover y hacer cumplir la legislación en materia de montes y ordenación territorial para evitar el mal estado de los cortafuegos o vías de acceso, así como la urbanización descontrolada de las zonas boscosas.
- Programas de sensibilización y planes para evitar el uso del fuego en actividades agrícolas, ganaderas y recreativas, hablando con todas las partes afectadas.