PROPOSICIÓN 
PARA AYUDAR A FAMILIAS EN QUIEBRA ECONÓMICA A ACOGERSE A LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.
Con la llegada de la crisis han sido muchas las personas que perdieron algo más que su puesto de trabajo o su negocio, algunas de ellas se hipotecaron en el peor momento de sus vidas, desde entonces no es difícil encontrarse a particulares ahogados por préstamos personales o hipotecarios, emprendedores que avalaron su proyecto empresarial con préstamos personales y que fracasaron en su aventura o autónomos obligados a cerrar sus negocios y asumir una deuda que no podían y no pueden pagar.
Algunos han llegado a perder prácticamente todo, incluso sus vidas, al no poder sobrellevar está comprometida situación, por eso en el año 2015 se aprobó y publicó la Ley 25/2015, popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad, cuyo objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca va a poder satisfacer.
Esta Ley, que va dirigida a autónomos y a particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas que no hayan podido pagar, da la posibilidad de iniciar un proceso administrativo que permite entrar en concurso a un particular siempre que cumpla determinados requisitos, es decir, para negociar primero con el acreedor (banco, financiera, clientes…) y, en caso de no alcanzar acuerdo, pedir la cancelación de la deuda al juez.
Los requisitos para beneficiarse, básicamente son: acreditar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya se ha liquidado, que las deudas totales no superen en ningún caso los 5 millones de euros, y la de haber actuado con buena fe por parte del deudor.
A través de esta Ley, las personas afectadas podrán retomar sus vidas, volver a pedir financiación o salir de los listados de morosidad. En Castilla y León desde junio de 2016 a junio de 2018, han sido 240 las personas (de un total de 5.131 de toda España) que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad para poder exonerar las deudas contraídas y empezar de cero.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de Valladolid tiene firmado un Convenio con el Colegio de Abogados por el cual se ofrece una mediación a través de un turno de oficio especializado para ayudar a las personas que se encuentren en serias dificultades económicas y que sean susceptibles de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que desde su firma ha permitido ayudar al menos a veinte familias endeudadas, llegando incluso a que alguna haya logrado exonerarse de sus deudas tras sentencia judicial.
Desde el Grupo Provincial de Toma la Palabra, creemos que es una iniciativa válida para ayudar a las personas y que puede ser trasladable al resto de vecinos de nuestra provincia, porque tal y como recoge la propia ley “es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia”
Por todas estas razones, presentamos a la consideración del pleno la siguiente proposición:
- Que la Diputación de Valladolid formalice un Convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid, para que a traves de la Ley de Segunda Oportunidad, sirva para ayudar a las personas empadronadas en los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, creando un mecanismo de mediacion para que tanto autónomos como particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico puedan revetir esta situacion.