PROPOSICIÓN que presenta Salvador Arpa de la Fuente, Portavoz del Grupo Provincial Toma la Palabra y Héctor Gallego Blanco Portavoz del Grupo Provincial Sí Se Puede Valladolid, al amparo de lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, al Pleno corporativo a celebrar el día 23 de diciembre de 2016.
PARA EL APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y CONTRA LA LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CONOCIDA COMO “LEY MONTORO”.
Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”.
Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo, y por ello, es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual a la que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos parlamentos y gobiernos autonómicos.
En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.
Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se han producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.
En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las CCAA y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.
Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Valladolid, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña y Valencia, entre otros.
Con dicha proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades. En la misma se entiende que el ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda y que, por tanto, es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del siglo XXI, que tenga como bases la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los entes locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.
En definitiva se trata de construir ciudades con derechos y recuperar los derechos de las personas que las habitan.
Por eso presentamos la siguiente proposición:
- La Diputación de Valladolid apoya la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoya la derogación o modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Congreso de los diputados.
- Instar al Gobierno Central y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales, y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.
- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Federación Española de Municipios y Provincias.