Toma la Palabra denuncia que Aimar Abril no haya podido empezar el colegio hoy junto con el resto de sus compañeros.

14324107_1039941159452745_4930409022641270388_oToma la Palabra denuncia que Aimar Abril no haya podido empezar el colegio hoy junto con el resto de sus compañeros.

Tampoco pudo asistir a clase en todo el curso anterior por la falta del servicio de enfermería que precisa por prescripción médica.

Aimar está matriculado dentro del Aula Sustitutiva de Colegio de Educación Especial (ASCEE) del Pedro I. El año pasado el servicio de neumología infantil del Hospital Universitario de Salamanca que le atiende habitualmente le prescribió un servicio de enfermería sin el que Aimar no puede asistir a clase.

A pesar de estar amparados por la ley y que otros colegios como el del Obispo Barrientos en Medina del Campo sí cuenta con este servicio de enfermería, la familia de Aimar apenas recibió una contestación verbal a través del equipo psicopedagógico del colegio denegándoles el servicio con el que ya debería contar el aula. Esta circunstancia sitúa en una clara situación de desventaja y desprotección, no solo a Aimar, sino a las niñas y niños con discapacidad del medio rural, en general, y en particular de todos aquellos municipios cuya cabecera de comarca es Tordesillas.

La existencia del servicio de enfermería está garantizada en los centros de educación especial donde el alumnado presenta problemas de salud crónicos que requieren de una atención, control e intervención específica, y las ASCEE deben estar dotadas de los mismos medios para que los niños y niñas que viven en el medio rural tengan los mismos derechos.

Al drama que viven estas familias, tenemos que sumarle el hecho de que muchas de ellas se hayan visto obligadas a trasladar su residencia a la capital o que, directamente, optan por no llevar al colegio a su hijo o hija, por la inseguridad que supone la falta de un servicio sanitario de intervención inmediata ante cualquier imprevisto o complicación. Pero además, hay que tener en cuenta que el no dotar a las ASCEE de medios humanos y recursos suficientes atenta contra el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas y el derecho a la elegir centro de las familias, amén de suponer una dificultad añadida para aquellas familias que no se resignan a abandonar el medio rural.