El pasado 1 de octubre de 2020, los veintiún ayuntamientos participantes de la Red de Ciudades por la Agroeocología, de la que el Ayuntamiento de Valladolid ostenta la vicepresidencia y de la que participan municipios como Ainsa, Baztán, Cardedeo o Godella, presentaron la Declaración de Valladolid para el impulso de los sistemas agroalimentarios locales frente a riesgos globales.
Este manifiesto se basa en el informe Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales: de la COVID19 a la Crisis Climática que se presentó en el IV Encuentro anual de dicha red, que iba a acoger Valladolid, y que, a causa de la pandemia, finalmente se desarrolló en formato online.
Las entidades locales impulsoras de la Declaración de Valladolid consideran que:
- Los sistemas alimentarios siguen siendo uno de los principales impulsores del cambio climático y la degradación del medio ambiente y que existen claras interrelaciones entre nuestra salud, ecosistemas, cadenas de distribución, patrones de consumo y límites planetarios, tal y como reconoce la Comisión Europea en la Estrategia de la Granja a la Mesa (2020), y presentan también soluciones convergentes, que requieren poner con urgencia la sostenibilidad de la vida en el centro de la economía.
- Los recientes episodios de crisis sanitarias y ecológicas globales inciden en mayor medida en los grupos sociales más vulnerables, desprotegidos y desfavorecidos, y suponen un elevado incremento de la inseguridad alimentaria.
- La agroecología tiene un papel central en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tal y como plantea la Organización de las Naciones Unidas; en el refuerzo de la seguridad alimentaria y nutricional, de lo local a lo global, como reconoce el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en su informe Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (2019); y en la recuperación de una relación equilibrada entre naturaleza y economía, como proponen las estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030 presentadas por la Comisión Europea (2020).
- El liderazgo de las administraciones locales en las transiciones hacia la sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios, recogido en el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (Milán, 2015), la Nueva Agenda Urbana (Quito, 2018) y la declaración Good Food Cities impulsada por la Red C-40 (2019).
Ante estas consideraciones, las políticas alimentarias provinciales y locales han de jugar un papel central para fortalecer nuestra provincia frente a crisis como la de la COVID-19 o ante los efectos de la emergencia climática. Salud y sostenibilidad ecológica han de ser inseparables de cara a promover, de forma integral, el bienestar y la seguridad de las personas y sus comunidades.
Las políticas alimentarias que promueve la red resultan imprescindibles para posibilitar una alimentación nutritiva y de calidad de toda la población. La producción y distribución de alimentos locales y sostenibles deben ser considerados un sistema básico para abastecer a nuestras ciudades y pueblos, de importancia equiparable a los de agua o energía.
Los municipios de la red ya están poniendo en marcha diversas acciones que la Diputación de Valladolid y los municipios de la provincia también pueden poner en marcha, como procesos de sensibilización y mediación entre los actores de la actividad agroalimentaria para favorecer el acceso a la tierra de nuevos agricultores y ganaderos, la instalación de una red de aprovechamiento de agua de lluvia y actualización de los sistemas de riegos que permitan un uso mas eficiente de los recursos hídricos, campañas de promoción del producto local y de proximidad, creación de un banco de semillas local, una incubadora de proyectos agrarios, apoyo a la transformación de los productos locales para crear valor añadido a los productos agroalimentarios, creación de puntos de venta de referencia en la provincia para la comercialización del producto local, introducción de productos ecológicos y locales en los menús de los centros educativos y los centros residenciales de la provincia, etc.
Teniendo en cuenta lo expuesto y el compromiso adquirido por la Diputación de Valladolid en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la institución provincial tiene que formar parte de las instituciones firmantes de la Declaración de Valladolid y comprometerse a promover la adopción, en el corto plazo, de distintas propuestas, en coherencia con otros acuerdos y declaraciones como el Pacto de Milán, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible para todos.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos a la Diputación de Valladolid:
- Su adhesión a la Declaración de Valladolid.
- La adopción de los siguientes acuerdos:
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- Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes: promover formas sostenibles en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, en línea con la agroecología y desde la articulación y cooperación entre territorios urbanos y rurales.
- Planificación territorial: proteger los suelos agrarios y otros recursos alimentarios (agua, conocimientos agroecológicos, biodiversidad cultivada) como parte de las redes de infraestructura azul y verde; y fomentar la incorporación en los planeamientos generales urbanos de instrumentos para la protección y el fomento de la producción, transformación y distribución agroalimentarias locales y sostenibles.
- Derecho a la alimentación: asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, de calidad y justos a todos los grupos sociales, y especialmente a los más vulnerables, en sintonía con las directrices voluntarias promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2005).
- Activación comunitaria: fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido asociativo local que trabajan aportando soluciones y mejoras a la gestión de las crisis alimentarias, estableciendo sinergias basadas en la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia.
- Buena gobernanza: promover la coherencia entre las distintas políticas públicas para la gestión de los riesgos globales, evitando arbitrar soluciones que, a la larga, refuercen las causas de las crisis.